El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta a la jueza federal Sarah Netburn, del Distrito Sur de Nueva York, para aclarar la posición del gobierno estadounidense sobre quién representa legalmente al Estado venezolano en varios litigios relacionados con activos del país en territorio estadounidense.
En el documento, el gobierno de EE. UU. informó al tribunal que ha normalizado su postura respecto a Venezuela y que reconoce oficialmente al gobierno venezolano como la autoridad del Estado para efectos diplomáticos y legales. En particular, el escrito señala que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la autoridad estatal capaz de actuar en nombre de Venezuela.
La comunicación fue enviada en respuesta a una solicitud de la corte, que busca determinar quién tiene legitimidad para representar a entidades venezolanas en varios casos judiciales abiertos en Nueva York. Estos procesos involucran disputas sobre cuentas bancarias, activos financieros y posibles reclamaciones contra bienes vinculados al Estado venezolano.
Entre los casos a los que hace referencia la aclaratoria del gobierno estadounidense se encuentran: (1) Stansell et al. v. FARC, relacionado con demandas de víctimas de ataques atribuidos a la guerrilla colombiana; (2) Pescatore et al. v. Palmera Pineda, otro litigio vinculado a reclamaciones contra integrantes de las FARC; (3) In re Claims Against the Valero-Petrocedeño Account, una disputa sobre fondos bloqueados en una cuenta vinculada a operaciones petroleras entre empresas estadounidenses y el proyecto Petrocedeño; y (4) Osio et al. v. Maduro Moros et al., la demanda presentada por la familia del dirigente opositor venezolano Fernando Albán contra Nicolás Maduro y otros funcionarios. La viuda e hijos del concejal pidieron compensación económica por daños bajo leyes estadounidenses relacionadas con terrorismo y crimen organizado. El tribunal terminó otorgando un fallo de más de 200 millones de dólares a favor de la familia.
Sin embargo, aunque el gobierno estadounidense aclaró su posición sobre el reconocimiento del gobierno venezolano, el Departamento de Justicia decidió no tomar partido en la disputa específica sobre qué abogados o representantes deben actuar en nombre de las entidades del Estado venezolano dentro de esos litigios.
Según la carta, el Ejecutivo estadounidense considera que, por el momento, no es necesario intervenir directamente en esa decisión y prefiere dejar que el tribunal determine cómo proceder en los casos en curso.
El documento también deja abierta la posibilidad de que el gobierno presente nuevas opiniones o intervenciones ante la corte en el futuro, en caso de que surjan cuestiones adicionales que requieran una posición oficial.
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