En la Gaceta Oficial n.° 43.272, de fecha 8 de diciembre de 2025, fue publicada la Resolución n.° 2025-0020 del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada en Sala Plena el 1 de octubre de 2025, mediante la cual se crea, organiza y pone en funcionamiento la Comisión de Seguimiento de Causas relacionadas con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Con información de Acceso a la Justicia.
De acuerdo con el texto de la Resolución, la comisión tendrá carácter permanente y estará integrada por el presidente del TSJ, el presidente de la Sala Constitucional y el presidente de la Sala de Casación Penal. La presidencia de esta instancia recaerá en el magistrado o magistrada que encabece la Sala de Casación Penal, quien además fungirá como enlace institucional ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Entre los objetivos centrales de la comisión se encuentra el diseño y desarrollo de políticas judiciales vinculadas a la evaluación internacional que adelanta el Grupo de Acción Financiera Internacional, así como la recopilación y actualización de la data del Poder Judicial relacionada con causas de legitimación de capitales, terrorismo, financiamiento al terrorismo y los delitos precedentes asociados. Asimismo, la comisión podrá dictar los lineamientos administrativos internos necesarios para su funcionamiento y para incorporar el personal requerido a fin de cumplir compromisos nacionales e internacionales en materia de estándares antilavado.
La Resolución establece que cualquier aspecto no previsto será resuelto por los propios integrantes de la comisión y que su vigencia comenzó a partir de su aprobación en Sala Plena, independientemente de su posterior publicación en la Gaceta Oficial, la Gaceta Judicial o la página web del máximo tribunal.
En los considerandos, el TSJ vincula expresamente la creación de esta comisión con el contexto internacional. En particular, recuerda que en junio de 2024, durante la plenaria del GAFI celebrada en Singapur, Venezuela fue incorporada a la lista de jurisdicciones bajo seguimiento intensificado, tras comprometerse a subsanar deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese marco, el Estado venezolano asumió compromisos de alto nivel tanto con el GAFI como con el GAFIC.
El texto también señala que, desde la adopción del Informe de Evaluación Mutua en noviembre de 2022, Venezuela ha avanzado en algunas recomendaciones, incluida la actualización de su Evaluación Nacional de Riesgos y la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción y Prevención 2024-2026, diseñado por la ONCDOFT. Dicho plan contempla tareas específicas para reforzar la investigación, el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
