El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid dejó este sábado en libertad, aunque con medidas cautelares, al propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su director ejecutivo, Roberto Rosellini, tras haber sido detenidos esta semana en el marco de una investigación por presunto delito de blanqueo de capitales.
Ambos comparecieron ante el juez Alfredo Barrera, que se encontraba de guardia, junto a otros dos investigados también arrestados dentro del denominado caso Plus Ultra. El juez decretó para los implicados la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial, según confirmaron a la agencia Efe fuentes jurídicas.
La investigación se centra en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021, mediante el cual el Gobierno autorizó una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dicho rescate fue duramente cuestionado desde su aprobación por las dudas sobre el carácter “estratégico” de la aerolínea y por sus vínculos financieros.
Las detenciones fueron practicadas el jueves por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Además de Martínez y Rosellini, fue arrestado un empresario identificado como Julio M.M., entre otros investigados.
La policía española detiene al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra
En el marco de la operación, agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de Plus Ultra para recabar documentación relacionada con la situación económico-financiera de la compañía. Según fuentes policiales, el objetivo era obtener información clave para el avance de las pesquisas, aunque no se practicó un registro formal.
Antes de que se conocieran públicamente las detenciones, fuentes de la aerolínea aseguraron a Efe que la empresa estaba colaborando plenamente con las autoridades y facilitando toda la documentación requerida, precisando que las actuaciones se limitaban al ámbito económico y financiero.
La causa judicial vuelve a poner bajo la lupa uno de los rescates más controvertidos aprobados durante la pandemia y reabre el debate sobre el uso de fondos públicos, los criterios de la SEPI y la posible existencia de irregularidades en la concesión de ayudas estatales a empresas privadas.
