La llegada de Elisa de Anda Madrazo como representante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México generó expectativas de avance en la lucha contra el lavado de dinero. Por primera vez, el país contaba con una voz directa dentro del organismo que define los estándares globales en materia antilavado. Sin embargo, la realidad ha demostrado que los retos siguen siendo profundos y estructurales. Con información de El Financiero.
El golpe más reciente vino desde Estados Unidos, que hace unas semanas designó a tres instituciones mexicanas como colaboradoras del narcotráfico en operaciones de lavado de dinero. Esta señal internacional dejó en evidencia que, a pesar de los discursos y reformas, México aún tiene serias deficiencias en la prevención, supervisión y sanción de estos delitos.
La nueva Ley Antilavado, recientemente aprobada, representa un intento por cumplir con los requerimientos del GAFI. Impone medidas como la implementación de sistemas automatizados de monitoreo y la obligación de conocer a detalle a los clientes, pero sin considerar las profundas desigualdades dentro del sector financiero mexicano. Desde bancos robustos hasta pequeños casinos, palenques, conciertos o el fútbol —donde el efectivo sigue reinando—, no todos tienen los mismos recursos ni capacidades para adaptarse a las exigencias normativas.
Casinos, por ejemplo, que reciben a miles de personas en lapsos cortos, enfrentan grandes obstáculos para cumplir con los sistemas de identificación detallada. Y aunque son precisamente parte de las industrias bajo la lupa del Departamento del Tesoro estadounidense, no son los únicos. En sectores como el entretenimiento y el deporte, los controles siguen siendo prácticamente inexistentes.
Tampoco las autoridades financieras mexicanas han estado a la altura. La supervisión y las sanciones han sido laxas durante años. En el Poder Judicial, las condenas por lavado de dinero son escasas, y las que existen no suelen traducirse en cárcel efectiva. El sistema falla en múltiples niveles.
Al final, la nueva ley parece responder más a la necesidad de “cumplir con el GAFI” que a una estrategia nacional realmente eficaz y adaptada a las complejidades mexicanas. A esto se suma la crítica de que la actual representante del GAFI en el país no ha defendido la imagen de México ante la comunidad internacional ni ha sido una voz activa para mostrar avances reales. ¿Será que no hay mucho que defender?
El desafío está claro: no basta con reformas en el papel ni con cargos simbólicos. La lucha contra el lavado de dinero en México requiere voluntad política, coordinación institucional y una estrategia coherente con la realidad local.
