El juicio federal contra el excongresista estadounidense David Rivera sumó este jueves uno de sus testimonios más delicados, luego de que el empresario Hugo Perera, testigo central de la fiscalía, relatara ante el jurado un viaje a Caracas en 2018 junto a Rivera y la cabildera Esther Nuhfer, a bordo de un avión privado del empresario venezolano Raúl Gorrín, señalado por la justicia de Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. Con información de Telemundo.
Según Perera, la delegación llegó a Caracas con el objetivo de reunirse con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y otros altos representantes del régimen, en un intento por mejorar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. La fiscalía sostiene, sin embargo, que ese encuentro formó parte del último esfuerzo para justificar el polémico contrato de 50 millones de dólares que Rivera y Nuhfer habrían recibido para hacer cabildeo a favor del régimen sin registrarse como agentes extranjeros.
El testigo afirmó que la reunión se realizó en el complejo residencial donde se encontraba Maduro y que también participó el entonces congresista texano Pete Sessions, quien viajó por separado. De acuerdo con la acusación, el objetivo real era abrir canales políticos en Washington, suavizar la presión sobre el régimen y explorar una normalización diplomática que nunca llegó a concretarse.
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Durante la jornada, la fiscalía presentó además registros bancarios que reflejarían pagos por 20 millones de dólares entre 2017 y 2018 a Gorrín, Perera, Rivera y Nuhfer, así como mensajes de WhatsApp entre Perera y Rivera sobre el peso del voto venezolano en Miami y la estrategia política alrededor de la diáspora. Esos intercambios fueron usados para reforzar la tesis de una operación coordinada de influencia política financiada desde Caracas.
Al cierre del interrogatorio, Perera aseguró que se arrepiente “mil por ciento” de haber participado en el negocio. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, la defensa de Rivera intentó debilitar su credibilidad al subrayar que no ha devuelto parte alguna del dinero recibido, pese a afirmar que lamenta su participación.
Rivera y Nuhfer enfrentan cargos federales por conspiración, lavado de dinero y por actuar como agentes no registrados del régimen venezolano. Ambos se han declarado no culpables y sostienen que el trabajo realizado respondía a intereses comerciales legítimos y no a una operación política a favor de Maduro.
