Una investigación internacional basada en transcripciones y grabaciones de llamadas telefónicas volvió a colocar a Hungría en el centro de la controversia geopolítica europea. El material, revisado por The Insider junto a un consorcio de medios de investigación, sugiere que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría mantenido una línea directa con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a través de la cual compartía información sensible sobre deliberaciones internas de la Unión Europea y coordinaba maniobras para suavizar o bloquear sanciones contra figuras y entidades vinculadas al Kremlin. Con información de The Insider.
El contenido filtrado revela una relación que, según fuentes europeas de inteligencia citadas por el consorcio, se asemeja más al vínculo entre un informante y su operador que al diálogo convencional entre dos cancilleres. En una de las llamadas, Lavrov contactó a Szijjártó para recordarle la solicitud del magnate ruso-uzbeko Alisher Usmanov: lograr que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera retirada de la lista de sanciones de la UE. La respuesta del funcionario húngaro fue inmediata y comprometida: aseguró que, junto con Eslovaquia, presentaría una propuesta formal para conseguir su exclusión y haría “todo lo posible” para concretarla.
Siete meses después, Ismailova efectivamente fue eliminada de la lista, un hecho que ahora adquiere otra dimensión a la luz de estas filtraciones. El episodio refuerza la percepción de que Budapest ha usado su capacidad de veto dentro del sistema de unanimidad europeo para negociar la salida de oligarcas, empresarios y funcionarios rusos del régimen de sanciones, convirtiendo la política exterior comunitaria en un terreno de presión política al servicio de Moscú.
Las grabaciones también muestran a Szijjártó suministrando a Lavrov detalles de reuniones reservadas del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, incluyendo comentarios de ministros de países abiertamente pro-Ucrania. Esa presunta transferencia de información estratégica alimenta una sospecha que desde hace años circula en Bruselas: la existencia de una vía permanente de filtraciones hacia el Kremlin desde dentro de las instituciones europeas y de la OTAN.
La investigación va más allá del caso Usmanov. Otro bloque de conversaciones documenta un diálogo entre Szijjártó y el viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, en el que el jefe de la diplomacia húngara afirma que estaba trabajando activamente para frenar el decimoctavo paquete de sanciones de la UE, dirigido especialmente contra la llamada “flota paralela” rusa de petroleros y bancos vinculados a operaciones energéticas. En esa conversación, incluso se ofrece a revisar qué bancos rusos estaban en riesgo de ser sancionados y a buscar argumentos que permitieran excluirlos.
Uno de los elementos más delicados del caso es que las propias palabras del funcionario húngaro parecen desmontar la narrativa pública de Budapest. Mientras oficialmente Hungría justificaba sus vetos por intereses energéticos nacionales, en privado Szijjártó reconocía estar intentando “salvar la mayor cantidad posible de entidades rusas”, una admisión que refuerza las acusaciones de que el gobierno de Viktor Orbán actúa como el principal punto de apoyo político del Kremlin dentro de la UE.
La dimensión política interna del escándalo es igualmente explosiva. Las revelaciones coinciden con un momento electoral delicado para Orbán, cuyo partido Fidesz enfrenta un deterioro en las encuestas frente a la oposición liderada por Péter Magyar. Reportes previos ya apuntaban a operaciones encubiertas rusas para sostener al oficialismo húngaro, y estas nuevas filtraciones parecen ofrecer un contexto más amplio sobre por qué Moscú tendría un interés estratégico en preservar ese vínculo.
En Bruselas, diplomáticos europeos consideran que estas grabaciones constituyen la evidencia más sólida hasta ahora de una interferencia sistemática de Hungría —y, en ocasiones, de Eslovaquia— para debilitar el régimen de sanciones contra Rusia desde dentro. El caso no solo compromete la credibilidad de Budapest ante sus socios, sino que reabre el debate sobre hasta qué punto un Estado miembro puede utilizar el principio de unanimidad para favorecer intereses de una potencia adversaria.
