El inicio del juicio federal contra el excongresista estadounidense David Rivera en la ciudad de Miami ha reactivado las preocupaciones sobre las presuntas redes de influencia política vinculadas al régimen venezolano en Estados Unidos. Con información de AP.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales federales, Rivera habría participado en un esquema para promover los intereses del oficialismo venezolano durante la primera administración de Donald Trump. Según las autoridades, el exlegislador habría obtenido un contrato por aproximadamente 50 millones de dólares, presuntamente financiado con recursos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), con el objetivo de influir en la política exterior de Washington hacia Venezuela.
En este contexto, la investigación señala que el contrato de lobby habría sido autorizado por la entonces canciller venezolana Delcy Rodríguez. De acuerdo con los fiscales, la funcionaria habría intervenido en la gestión de los pagos vinculados a fondos asociados a PDVSA, en el marco de un presunto intento de incidir en la postura de Estados Unidos frente al régimen venezolano en medio de las sanciones internacionales.
Señalamientos de lobby ilegal y manejo de fondos
El proceso judicial incluye cargos relacionados con actuar como agente extranjero sin registrarse ante las autoridades estadounidenses, así como presuntas maniobras para ocultar el origen y destino de los fondos recibidos. En el caso también figura la consultora política Esther Nuhfer, señalada por los fiscales como parte del esquema que habría buscado suavizar la postura del gobierno estadounidense frente al régimen venezolano en medio de un contexto de sanciones internacionales.
Asimismo, durante la investigación se ha mencionado la supuesta participación del empresario Raúl Gorrín, quien previamente ha sido señalado por autoridades estadounidenses en casos relacionados con corrupción y sobornos vinculados al sector petrolero.
Marco Rubio será llamado como testigo
Uno de los elementos más llamativos del proceso es la eventual comparecencia como testigo del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien mantuvo en el pasado una relación política y personal cercana con Rivera. Aunque no enfrenta cargos, su testimonio podría resultar relevante para determinar el alcance de los contactos y gestiones realizadas en Washington.
La defensa rechaza las acusaciones
Los abogados del excongresista sostienen que el contrato en cuestión se firmó con una empresa estadounidense vinculada a operaciones energéticas y que las actividades realizadas tenían objetivos legítimos, entre ellos promover activos relacionados con la industria petrolera venezolana en el mercado internacional. Rivera ha negado haber actuado de manera ilegal y asegura que el proceso responde a motivaciones políticas.
