Herrera Velutini notifica a tribunal federal que aceptó un segundo indulto presidencial y pide cierre definitivo del caso

El banquero venezolano Julio Herrera Velutini notificó al tribunal federal que aceptó un segundo indulto presidencial otorgado por Donald Trump y pidió la desestimación definitiva del caso por financiamiento ilegal de campaña en Puerto Rico, mientras su defensa también solicitó la devolución de una fianza de $1 millón.

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Foto Prensa América

El banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini notificó oficialmente al tribunal federal de Estados Unidos que recibió un segundo indulto presidencial otorgado por Donald Trump, esta vez relacionado con el cargo menor del que se había declarado culpable en agosto de 2025 por ofrecer apoyo económico a la campaña de la entonces gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced.

La defensa solicitó que el caso sea desestimado de manera definitiva, tal como ya ocurrió con Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark Rossini, coacusados en el esquema de presunta corrupción pública, quienes también recibieron el perdón presidencial.

“A través de su abogado, por la presente acusa recibo y acepta el indulto total e incondicional otorgado por el Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2026… En consecuencia, todos los cargos pendientes ante este Tribunal deben ser desestimados con perjuicio”, señala la moción presentada ante la corte.

Ahora corresponde a la jueza federal Silvia Carreño Coll, a cargo del expediente, emitir la notificación formal que ponga fin a la acción judicial y cancelar la vista de sentencia prevista para el 29 de enero.

Julio Herrera Velutini acepta el indulto presidencial de Trump y su caso penal queda cerrado en Puerto Rico

Un acuerdo con la fiscalía que redujo cargos graves

Herrera Velutini, Vázquez Garced y Rossini habían aceptado declararse culpables de un delito menos grave relacionado con una promesa de contribución ilegal de campaña por parte de un ciudadano extranjero, bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).

A cambio, la fiscalía federal retiró las acusaciones originales más severas, que incluían conspiración, soborno y fraude electrónico.

Según el pliego acusatorio inicial, Herrera Velutini y Rossini ofrecieron dinero y apoyo político a la campaña de Vázquez Garced durante las primarias del Partido Nuevo Progresista en 2020, a cambio del despido de George Joyner, entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Joyner investigaba presuntos incumplimientos en la presentación de reportes de transacciones sospechosas (SAR) vinculados a Bancrédito International Bank, institución relacionada con el banquero venezolano.

Vázquez Garced efectivamente removió a Joyner poco después de recibir la oferta de respaldo económico, según describieron los fiscales.

Segundo esquema con aportes vinculados a Pierluisi

Herrera Velutini también fue señalado en un segundo esquema en el que habría intentado frenar una pesquisa de la OCIF mediante aportaciones a la campaña del exgobernador Pedro Pierluisi.

El primer indulto otorgado por Trump lo absolvió de ambos esquemas, mientras que el segundo perdón presidencial cubre específicamente su declaración de culpabilidad por el delito menor.

Solicitud de devolución de fianza

Los abogados del banquero presentaron además una moción solicitando la devolución de la fianza asegurada de 1 millón de dólares depositada en septiembre de 2022, argumentando que los indultos plenos e incondicionales emitidos el 15 y el 20 de enero concluyen los procedimientos penales.

“Dado que el señor Herrera no tiene otros asuntos pendientes, se solicita la devolución de la fianza, junto con cualquier interés acumulado”, señala el escrito firmado por la abogada Sonia Torres Pabón.

Hasta el momento, la jueza Carreño Coll no se ha pronunciado públicamente sobre la moción ni ha desestimado formalmente el caso, pese a que la fiscalía ya solicitó el cierre tras la aceptación de los indultos por parte de los acusados.

El caso contra Herrera Velutini, Vázquez Garced y Rossini se remonta a agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos por un presunto esquema de soborno político ligado a contribuciones ilegales de campaña y a la supervisión regulatoria sobre Bancrédito.

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