El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA. La causa, con ramificaciones en varios países europeos, mantiene imputadas a seis personas, entre ellas el magnate venezolano Alejandro Betancourt López, propietario de la marca española de gafas Hawkers y uno de los nombres más visibles del grupo de empresarios conocido como los bolichicos. Pedraz logró interrogarlo en Londres en octubre pasado, después de dictar una orden de detención internacional, y acaba de levantar el secreto de sumario. Aunque España solicitó formalmente su extradición al Reino Unido, el magistrado dejó sin efecto esa petición tras escuchar su declaración. Con información de El País.
El origen del caso está en una alerta enviada hace años desde Estados Unidos. El 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción recibió una solicitud de cooperación de la Fiscalía de Zúrich, que investigaba una operación de blanqueo conectada a PDVSA y a la Oficina Nacional del Tesoro venezolano. La investigación suiza, denominada Operación Bolívar, se inició por una “información espontánea” remitida por Homeland Security Investigations (HSI) sobre el desvío sistemático de fondos públicos venezolanos. Ante la gravedad de los hechos, Anticorrupción en España abrió su propia investigación, centrada en lo que definió como “la operación de saqueo del Estado venezolano” mediante mecanismos de cambio y maniobras financieras articuladas alrededor del petróleo.
Tras varios informes policiales, el 17 de junio de 2025 la Fiscalía presentó querella contra Betancourt; su primo Pedro José Trebbau López; el empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga —también miembro del círculo Derwick— y otras tres personas. Se les considera parte de una estructura que, entre 2009 y 2011, acumuló riqueza en Venezuela gracias a contratos privilegiados al amparo del chavismo.
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza millonaria
Según la investigación, el desfalco comenzó en 2010, cuando los implicados empezaron aparentemente a desviar activos de PDVSA mediante un entramado de sociedades pantalla y estructuras financieras opacas. Las pesquisas sugieren que la operativa pudo extenderse “al menos hasta 2019”. El Ministerio Público sostiene que se movieron importantes cantidades de dinero hacia España, donde se habrían adquirido bienes muebles, inmuebles y participaciones accionarias tras pagar sobornos por 42 millones de euros a funcionarios venezolanos. Dichos funcionarios ya han reconocido sus delitos y fueron condenados en tribunales estadounidenses, lo que confirma el origen ilícito del dinero.
Para canalizar los fondos, se utilizaron sociedades como Violet Advisors y Welka Holding, ambas vinculadas por la Fiscalía a la estructura de blanqueo. PDVSA habría transferido más de 3.300 millones de euros a tres cuentas de Violet Advisors en Suiza. El sumario describe un recorrido prolongado del dinero a través de compañías interpuestas en varios países hasta quedar vinculado a Betancourt y al resto de investigados.
Consultado por la prensa a través de sus abogados, Betancourt no quiso ofrecer su versión. Durante años cultivó una imagen pública alejada del escándalo, declarando en 2016 que mantenía una “vida discreta” y que su empresa Derwick nació para “ayudar al país” en medio de la crisis energética. En su propio currículum afirma haber gestionado la venta de trece turbinas a Venezuela y haber desarrollado relaciones clave con PDVSA. Pero hoy su actividad empresarial va mucho más allá: banca en África, inversiones tecnológicas, transporte en España, fondos privados internacionales e incluso un nombramiento como Caballero de la Orden del Camino de Santiago en 2024.
El juez Pedraz lo investiga por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Cuando la operación se activó en España y las autoridades acudieron a registrar sus propiedades, Betancourt se encontraba en Londres. Fue detenido allí y posteriormente liberado tras comparecer por videollamada. Aunque Anticorrupción solicitó su extradición, Pedraz decidió el 27 de octubre dejar sin efecto la medida y anular las órdenes de detención internacionales después de interrogarlo.
La Fiscalía destaca que esta causa, aunque conectada con otras investigaciones previas en España sobre corrupción venezolana, aporta hechos nuevos gracias a la cooperación con Suiza. Por primera vez, se está siguiendo de forma sistemática la ruta del dinero que salió del Estado venezolano para terminar en Europa.
La magnitud del presunto blanqueo ha obligado al magistrado a desplegar una red internacional de solicitudes de información. Las comisiones rogatorias ya fueron enviadas a Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Canadá, Estados Unidos, Austria y Reino Unido, en un intento de reconstruir el engranaje financiero que habría permitido ocultar el saqueo de fondos públicos venezolanos durante casi una década.
