El petrolero Skipper navegaba recientemente frente a la costa de Guyana cuando su transpondedor comenzó a mostrar maniobras erráticas. El zigzagueo no era casual: fue la última señal digital de un intento por ocultar su verdadera ubicación y la valiosa carga que transportaba en su casco: petróleo crudo venezolano ilícito valorado en decenas de millones de dólares. Con información de AP.
El miércoles, comandos estadounidenses descendieron desde helicópteros y capturaron el buque —de 332 metros de eslora— no donde aparentaba estar según las plataformas de seguimiento marítimo, sino a unas 360 millas náuticas al noroeste, cerca de la costa de Venezuela. La operación representó una drástica escalada en la campaña del presidente Donald Trump para asfixiar las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro, cortándole el acceso a los ingresos petroleros que han sido durante décadas el motor de su supervivencia política.
Según expertos y funcionarios estadounidenses, el Skipper forma parte de la llamada “flota oscura”: una red de petroleros envejecidos, sin bandera clara ni seguros válidos, utilizados para contrabandear crudo de países sometidos a duras sanciones internacionales, como Venezuela, Rusia e Irán.
“Hay cientos de petroleros sin bandera ni Estado que han sido un sustento clave de los ingresos petroleros sancionados de regímenes como el de Maduro, Irán y el Kremlin”, explicó Michelle Wiese Bockmann, analista sénior de la firma de inteligencia marítima Windward. “Ya no pueden operar sin control”.
Desde que la primera administración Trump impuso sanciones petroleras a Venezuela en 2017, el régimen chavista ha recurrido sistemáticamente a este tipo de buques para colocar su crudo en las cadenas de suministro globales. Estas naves manipulan sus sistemas de identificación automática, falsifican banderas y registros, y realizan transferencias de carga en altamar para borrar el rastro del origen del petróleo.
La flota oscura creció aún más tras las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania en 2022. Muchos de estos barcos, según los expertos, apenas están en condiciones de navegar, operan sin seguros y están registrados a nombre de empresas fantasma diseñadas para ocultar a sus verdaderos propietarios.
Pese a estas prácticas, el régimen de Maduro había logrado hasta ahora mantener a flote sus exportaciones clandestinas. La producción petrolera venezolana aumentó alrededor de 25% en los últimos dos años, de acuerdo con cifras de la OPEP. Sin embargo, la incautación del Skipper podría marcar un punto de inflexión.
“El costo de hacer negocios con Venezuela acaba de aumentar drásticamente”, advirtió Claire Jungman, directora de riesgo marítimo e inteligencia de la firma Vortexa. “Estos operadores toleran riesgos elevados, pero perder físicamente un buque es otra historia”.
Windward reconstruyó las últimas semanas del Skipper utilizando imágenes satelitales empleadas por las autoridades estadounidenses. El buque fue sancionado por Estados Unidos en noviembre de 2022, cuando operaba bajo el nombre M/T Adisa, por su presunta participación en una red que contrabandeaba petróleo en nombre de la Guardia Revolucionaria de Irán y del grupo Hezbolá. En los últimos meses había transportado crudo iraní hacia China y, según los analistas, también estuvo vinculado a cargamentos ilícitos de origen ruso.
Al momento de su incautación, el Skipper manipulaba sus señales para aparentar que navegaba frente a Guyana y enarbolaba falsamente la bandera de ese país, una violación grave del derecho marítimo internacional. Por esta razón, y al carecer de una nacionalidad válida, el buque es considerado apátrida, lo que lo hace vulnerable a la interceptación.
El petrolero había salido de aguas venezolanas a comienzos de diciembre con cerca de dos millones de barriles de crudo pesado. Aproximadamente la mitad del cargamento pertenecía a un importador estatal cubano, según documentos internos de PDVSA. El negocio es altamente rentable: el crudo venezolano en el mercado negro se vende con un descuento cercano a los 15 dólares por barril frente al petróleo legítimo.
Para el régimen, la pérdida no es solo económica. Nicolás Maduro calificó la incautación como un “acto de piratería internacional” y aseguró —sin aportar pruebas— que la tripulación había sido “secuestrada”. Sin embargo, desde la oposición venezolana la lectura fue diametralmente opuesta.
María Corina Machado respaldó públicamente la decisión de Washington y denunció que los recursos obtenidos del mercado negro del petróleo no se destinan a atender la crisis humanitaria, sino a financiar la represión. “El régimen utiliza ese flujo de caja ilegal para perseguir a nuestro pueblo, no para hospitales, maestros ni niños hambrientos”, afirmó.
El episodio reabre el debate sobre un posible endurecimiento de las acciones estadounidenses contra el petróleo venezolano. Aunque el país produce menos del 1% del crudo mundial, analistas advierten que un bloqueo sostenido podría generar tensiones en los mercados energéticos y elevar los precios de la gasolina, un factor políticamente sensible en Estados Unidos.
Por ahora, la incautación del Skipper envía una señal inequívoca: la era de impunidad de la flota oscura que sostiene al régimen de Maduro podría estar llegando a su fin.
