El posible acuerdo de colaboración entre Ovidio Guzmán López y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a sacudir los cimientos del poder en México. Lo que parecía una causa más por narcotráfico se ha convertido en una pieza estratégica con potencial para desenmascarar relaciones entre el crimen organizado, la élite política y el sistema financiero del país. Con información de ABC.
Ovidio Guzmán, mejor conocido como “el Ratón” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue extraditado en septiembre de 2023 y recientemente firmó un documento judicial para declararse culpable y concentrar su proceso en el Distrito Norte de Illinois. Esta maniobra no solo allana el camino hacia un posible acuerdo judicial, sino que podría convertirlo en testigo protegido, al estilo de otros capos mexicanos que han logrado conservar parte de su fortuna bajo una nueva identidad.
Pero lo que distingue este caso es la magnitud de lo que puede contar. A mediados de mayo, 17 familiares de Ovidio cruzaron la frontera por California y se entregaron voluntariamente a las autoridades de EE.UU., un gesto inédito que, según el exagente de la DEA Mike Vigil, revela que la información que podría aportar el Ratón “es excepcional”.
Las consecuencias no se han hecho esperar. A mediados de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló a dos bancos y una casa de bolsa como engranajes clave del lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Entre ellos figura Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Las sospechas se extienden hasta el propio expresidente, pues se menciona que Vector habría canalizado inversiones ligadas a su familia.
El caso también ha salpicado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, condenado en EE.UU. por colaborar con el cártel. Poco después de las revelaciones, García Luna fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Colorado, el mismo lugar donde permanece El Chapo. Todo apunta a que las declaraciones de Ovidio influyeron directamente en esa decisión.
Desde Palacio Nacional, la preocupación crece. La presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado públicamente cualquier acuerdo con Guzmán López, asegurando que “Estados Unidos no debería negociar con terroristas”. Pero sus palabras reflejan más temor que convicción. Incluso dentro del oficialismo cunde la inquietud: gobernadores, alcaldes y miembros de su gabinete temen ser señalados y perder sus visas, como ya ocurrió con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La figura de Ovidio también pone en la mira los presuntos vínculos entre el narcotráfico y las campañas políticas. Según versiones recogidas por la oposición, el Ratón era el encargado de canalizar recursos del cártel a candidaturas favorables. De confirmarse, este sería uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos.
Y como si el drama no fuese suficiente, el alcance de la información de Ovidio ha tocado incluso al mundo deportivo. Esta semana fue arrestado en California el boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de estar vinculado al cártel. Una de las versiones más perturbadoras señala que golpeaba a supuestos traidores dentro de una bolsa de boxeo hasta obtener confesiones.
Mientras el Ratón se abre paso hacia un acuerdo judicial, las piezas del tablero político y criminal mexicano comienzan a tambalearse. En un país acostumbrado a convivir con la impunidad, la colaboración de Guzmán López podría convertirse en un terremoto de consecuencias imprevisibles.
