El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado de dinero de más de 530 millones de dólares a través de sus empresas Evita Investments y Evita Pay. Gugnin, también conocido como George Goognin y Iurii Mashukov, habría utilizado la stablecoin Tether (USDT) para facilitar transacciones a favor de entidades rusas sancionadas, evadiendo las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses. Con información de Cointelegraph.
Según la acusación federal, Gugnin creó un sistema financiero paralelo para disfrazar el origen ilícito de los fondos. Alteró facturas, falsificó documentos de cumplimiento y engañó a bancos y plataformas cripto al declarar falsamente que Evita cumplía con las normas antilavado y no tenía vínculos con actores sancionados. En realidad, sus empresas movieron grandes sumas desde clientes vinculados a bancos rusos como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, ocultando la ruta del dinero mediante conversiones en dólares y transacciones transfronterizas.
El DOJ también lo señala por facilitar el acceso de Rusia a tecnología restringida de EE. UU., incluyendo servidores y componentes sensibles que habrían llegado incluso a Rosatom, la agencia nuclear estatal. Gugnin habría operado bajo una licencia obtenida en Florida con información falsa, y sus actividades no incluyeron los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) que exige la Ley de Secreto Bancario.
Las autoridades recopilaron evidencia digital que muestra que Gugnin conocía la ilegalidad de sus acciones. Buscó en línea información sobre investigaciones federales y penas por lavado de dinero, lo que refuerza la acusación de que actuó con plena conciencia de las consecuencias legales. Actualmente se encuentra detenido en Nueva York y enfrenta 22 cargos, incluyendo fraude bancario, lavado de dinero, conspiración y violación de sanciones internacionales.
Si es declarado culpable, Gugnin podría enfrentar hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario y 20 años adicionales por los delitos relacionados con lavado y evasión de sanciones. El caso ha encendido las alarmas sobre cómo las criptomonedas, especialmente las stablecoins, están siendo utilizadas para burlar sanciones y acceder a sistemas financieros globales, lo que podría derivar en regulaciones más estrictas para el sector.
