César Morillo

 

En el submundo de una cárcel venezolana domina el pran. Así se denomina a ese preso que, valiéndose de la fuerza, logra imponer su dominio sobre la comunidad carcelaria. El pran es la ley ahí donde las leyes, que se suponen rigen la vida ciudadana, no funcionan. Su dominio va mucho mas allá del recinto carcelario, puede salir y entrar cuando le da la gana y las autoridades cooperan o se hacen la vista gorda para que pueda cometer sus fechorías. Robo de vehículos, secuestros, sicariato, atracos y operaciones vinculadas al narcotráfico se planifican desde las cárceles. El pran es la autoridad por encima de las instituciones.
La microfísica del poder carcelario guarda asombrosa similitud con el funcionamiento del poder gubernamental hoy en Venezuela.
Si bien es cierto que quienes están en el gobierno llegaron gracias a unas elecciones, en la medida que han perdido apoyo popular se han ido deslegitimando hasta colocarse al margen de la constitución.
Entre ambos, la organización mafiosa carcelaria y la nomenclatura que nos gobierna se aprecian cuatro características coincidentes: 1) el dominio sustentado en la fuerza, 2) la prevalencia del “jefe” por sobre las leyes e instituciones, 3) una organización preparada para delinquir y no para obrar por el bien común y 4) una conducta carente de cualquier parámetro ético y moral.
Según el modelo de Max Weber, en Venezuela se ha pasado del régimen sustentado en un liderazgo carismático a la sustitución del líder por el cuadro administrativo burocrático, lo que se conoce como rutinización del carisma. La ausencia del liderazgo carismático plantea un problema ¿cómo mantenerse en el poder sin liderazgo y sin recursos económicos abundantes?
El presidente Maduro, heredero del modelo autoritario y coordinador de la nomenclatura, controla a su antojo y conveniencia al resto de instituciones. En ese entramado de poder cohabitan diversos grupos de interés que antes eran regulados por el liderazgo indiscutible de Chávez. Si alguien osaba salirse del carril bastaba la intervención del líder para colocar a cada quien en su lugar. Maduro, para paliar su falta de liderazgo, recurre a un engorroso reparto de cuotas de poder en donde el negocio va implícito. Si bien la corrupción ha sido una constante durante estos 18 años, e incluso antes de la llegada del chavismo, durante el período gubernamental actual se ha convertido en la principal explicación del funcionamiento del poder.
La compra de armas, de alimentos, de medicamentos, la venta de petróleo, la explotación del oro y demás minerales, decisiones judiciales sometidas a tarifa, hasta la simple adquisición de un pasaporte, en fin, todo, absolutamente todo, se encuentra asociado a negociados al margen de la ley.
La semejanza es enorme, entre unos y otros, solo que en el caso de la nomenclatura, su dominio de las instituciones la hace mas dañina. No hablamos de una mafia que tiene infiltrada a algunas instancias del poder, estamos ante la presencia de una organización cuyo comportamiento asemeja al de la magia que se ha adueñado del Estado. Bajo esta realidad, el ejercicio de la función pública se ha desvirtuado, dejó de ser un servicio a los ciudadanos para convertirse en un mecanismo de acumulación de capital.
Tal cual Weber definió la burocracia, cada miembro de la nomenclatura asume su función o rol dentro de la maquinaria delictiva que integra, y en correspondencia va acumulando su particular fortuna.
La nomenclatura sobrevive a sus riñas internas gracias a la complicidad colectiva. Son parte de un enorme guiso donde todos, o casi todos, tienen su rabo de paja.
Las bolsas de alimentos CLAP, para asomar un ejemplo, supone un lucrativo negocio para el miembro de la nomenclatura a quien le corresponde el rol de implementarlo. Recientemente el Gral Alcalá Cordones señaló que “en Venezuela el negocio de la comida resulta mas lucrativo que el tráfico de drogas”. Anteriormente, el ex gobernador Carlos Tablante demostró fehacientemente la bochornosa corrupción detrás de la importación de toneladas de carne. Su denuncia le costó una persecución judicial que lo mantiene en el exilio. Igual mecanismo opera al momento de comprar insumos médicos o cualquier acción donde el gobierno requiera adquirir un bien. La nomenclatura siempre esta atenta a obtener su tajada. El contrabando de extracción de gasolina, alimentos y medicamentos hacia Colombia y Brasil no sería posible sin la complicidad de miembros de las FANB. El país está en crisis económica, pero paralelamente crecen las fortunas de los integrantes de la nomenclatura.
Amparados en un discurso populista, intentan cubrir de épica revolucionaria su actuación. La nomenclatura necesita hacerse creíble, conservar cierto apoyo popular. Su discurso está cargado de amor por los pobres y patriotismo, a menudo evocan a los próceres de nuestra independencia y se declaran antiimperialistas. Mientras tanto sus hijos y familiares disfrutan de una vida ostentosa en las grandes ciudades del primer mundo. Basta con escudriñar en las nóminas de las embajadas y consulados venezolanas para encontrarnos con hijos, sobrinos, hermanas y demás familiares de los miembros de la nomenclatura, o dar una miradita a sus cuentas de instagram para ver cómo exhiben con total impudicia sus carros último modelo, sus relojes de colección y sus yates y prendas de lujo, todo a costa del erario público. Mientras piden sacrificios y comprensión a la masa militante, a los que habitan en barriadas pobres, a los obreros y a los trabajadores del campo que padecen las penurias de la escasez de alimentos y medicinas, la nomenclatura y sus familiares disfrutan de una vida ostentosa y llena de lujos.
No basta estar en el gobierno para ser parte de la nomenclatura, de hecho hay funcionarios gubernamentales colocados al margen del negociado. Incluso hay quienes se mantienen fieles a sus ideales originarios, pero éstos son los menos puesto que los jefes han ido excluyéndolos por inconvenientes.
Ser de la nomenclatura supone estar “enchufado”, de no estarlo, difícilmente tendrás acceso a los grandes negociados.
Los integrantes de la nomenclatura sienten cerca el final, lo intuyen y por tanto actúan con prisa, atentos a lo que puede ser su último zarpazo. Son insaciables, a pesar de tener las alforjas llenas, quieren mas. Saben muy bien que han perdido el apoyo popular y por ello se resisten a cualquier mecanismo que suponga la participación ciudadana en elecciones universales, directas y secretas. Saben que desalojados del poder, tendrán que afrontar a la justicia. Tal cual ha ocurrido en otros países, los abusos, la violación de los derechos humanos y las corruptelas serán castigadas. Ya ocurrió en Perú, donde Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos disolvieron el Congreso e impusieron un régimen corrupto, amparados en el terror. Ellos aun pagan en la cárcel por sus delitos. Pero quizás la peor de las condenas es el repudio y señalamiento de una sociedad atenta. Allá a donde vayan recibirán el desprecio público, porque la sociedad no olvida y mas temprano que tarde los hará devolver la riqueza mal habida y pagar con cárcel sus delitos. La nomenclatura tiene mucho miedo, y con sobrada razón.