Carlos Tablante

Tuve la oportunidad de reunirme con varios expertos internacionales en recuperación de bienes. Analizamos el caso Odebrecht y las oportunidades reales que tienen los países de recuperar  el dinero defraudado por la constructora brasileña.

Destapado hace dos años, dentro de la investigación que sobre Petrobras abrió la justicia de Brasil, la información sobre el qué, el cuánto, el cómo, y sobre todo, el quiénes, de este complejo caso, ha salido a cuentagotas.

La parte más escandalosa se sabría hace menos de un mes a raíz de la publicación del acuerdo alcanzado entre Odebrecht S.A. y su unidad petroquímica, Braskem S.A., con autoridades de EEUU, Brasil y Suiza. La trasnacional brasileña se declaró culpable de pagar sobornos a cambio de contratos en varios países y aceptó cancelar una multa de 3.500 millones de dólares. Se trata de  “la mayor penalidad mundial por soborno internacional”, según el Departamento de Justicia de EEUU.

En el marco del multimillonario acuerdo, Odebrecht confesó haber distribuido 559 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y políticos de Brasil y más de 439 millones en otros 11 países, entre 2001 y 2016.  Con la firma del documento, el caso queda cerrado en las tres jurisdicciones involucradas donde Odebrecht no podrá ser acusada ni procesada por los delitos mencionados en el acuerdo. Sin embargo, todos los otros países afectados aún pueden adelantar procesos legales para recuperar el dinero perdido, como de hecho ya comenzaron a hacerlo las fiscalías de Perú, Panamá, Colombia y República Dominicana

Después de Brasil, el país con mayores coimas es Venezuela. En el marco del acuerdo con la justicia de EEUU se supo que Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del régimen e intermediarios entre 2006 y 2015, con Chávez y Maduro al mando, a cambio de adquirir o mantener contratos. Todo indica que a los funcionarios responsables poco les importaba que los miles de millones de dólares presupuestados por el Estado se ejecutaran. Las pruebas están a la vista: la represa de Tocoma, los puentes sobre el Lago de Maracaibo y el Orinoco, las comunas agro-industriales, forman parte de una larga lista de obras paralizadas y abandonadas.

Más grave aún fue la revelación de la publicista Mónica Moura, que se produjo en febrero de 2016, cuando la empleada de Odebrecht reconoció ante la justicia de Brasil que la empresa carioca había otorgado por lo menos 4 millones de dólares a la campaña de Hugo Chávez en 2011.

Los procesos legales iniciados por varias fiscalías de Latinoamérica ya empiezan a dar los primeros frutos: Odebrecht pagará 30 millones de dólares a Perú y 59 millones de dólares a Panamá como fondo de garantía mientras se adelanta la investigación. Los montos son similares a los sobornos otorgados en cada  país.

Sin embargo, destaca el caso de República Dominicana, tercera en la lista con mayor cantidad de coimas después de Brasil y Venezuela, a la que la empresa extrañamente  compensará con una suma que duplica a la de las coimas.

La Fiscalía de Venezuela debería manifestarse en este caso, sobre todo siendo nuestro país uno de los mas perjudicados, apoyándose en la experiencia de las otras jurisdicciones que ya están logrando acuerdos para recuperar el dinero.

El caso Odebrecht pone sobre la mesa el tema del financiamiento de las actividades políticas. Para prevenir que continúen sucediendo casos de corrupción de este tipo es necesario, entre otros temas, aprobar una Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que en sus aspectos fundamentales contemple la igualdad de acceso y de oportunidades en la competencia política democrática, la transparencia en el financiamiento político, el control del origen y destino de las finanzas de las organizaciones políticas, el control de las donaciones mediante políticas de conocimiento de las organizaciones y personas que actúan como donantes de dinero en efectivo, piezas propagandísticas y otros importantes aspectos de carácter legal.

Por supuesto, esto solo podrá hacerse una vez que salga del poder la cleptocracia que desgobierna a Venezuela  y logremos instituir el Estado de Derecho y la plena vigencia de la Constitución.