Fernando Fernández

Los sobornos en el mundo rondan el billón de dólares, según la ONU. Se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Este monto casi duplica al narcotráfico. Como colofón, durante estos últimos años ingresó al país una cantidad parecida por concepto de la venta de petróleo, a lo cual hay que añadir los impuestos, el IVA, las contribuciones parafiscales y los grandes préstamos de bancos y gobiernos extranjeros. ¿Cómo se entiende la pelazón que se observa y se siente en Venezuela? ¿Dónde están esos reales?

La respuesta es simple y obvia: hemos padecido una pésima administración y una descomunal corrupción, dilapidación, regaladera de plata, nepotismo, ineptitud y graves fallas de la legislación penal, administrativa y civil para prevenirlo y castigarlo. No hay justificación alguna que sea admisible. Se sabía y mucho se advirtió lo que pasaría al mantener ese cóctel tóxico que se llama sistema del botín (spoils system), tal como ocurrió en USA en 1829, bajo la presidencia del abogado y general Andrew Jackson, fundador del Partido Demócrata.

El libro “Contra la corrupción” (COCO) ya está en circulación. Se trata de una investigación con la cual se quiere evidenciar la corrupción y sus posibles causas en Venezuela. Se destaca el efecto nocivo de la corrupción en los recursos del Estado y su impacto en los derechos humanos. Igualmente se analizan las normas constitucionales y legales contra la corrupción, así como los diferentes delitos tipificados y las pautas establecidas en los tratados internacionales que Venezuela ha debido activar para frenar la corrupción, así como las formas en las cuales podría recuperar activos sustraídos ilegalmente al patrimonio público (Ver: https://www.revistavenezolana.com/eventos-revista-venezolana/presentacion-del-libro-la-corrupcion-fernando-m-fernandez/).

En el libro COCO se formulan recomendaciones al Estado y a cada uno de los poderes públicos, como también a la sociedad civil. Se hacen unas tipologías delictivas que afectan diversos derechos humanos. La cooperación penal internacional en casos sentenciados es la vía más rápida y adecuada para recuperar parte de los activos del latrocinio.

¿Qué se debe hacer para repatriar el dinero del latrocinio y hacer que los malos administradores respondan de forma satisfactoria? La Ley contra la Corrupción (“Ley COCO”) está vigente desde 2014, pero nada dice sobre cómo hacer para que los administradores respondan por sus desatinos o latrocinio en lo interno, pero sí brinda los nexos internacionales para hacerlo. Esta normativa se dictó luego de una mora considerable, según los compromisos internacionales contraídos en la Convención de la OEA contra la Corrupción de 1996 y la Convención de la ONU contra la Corrupción de 2003. Ellos son el norte a seguir en materia de cooperación penal internacional o intentar acciones civiles en el extranjero, aun sin reformar la Ley COCO. Sin embargo, conviene reformarla para hacerla más eficaz, como propuse a la Asamblea Nacional (Ver: http://pazactiva.org.ve/wp-content/uploads/2016/09/Informe-T%C3%A9cnico-sobre-la-Ley-contra-la-corrupci%C3%B3n-.pdf ).

Muy relevante para explicar la viabilidad de la cooperación penal internacional es el caso United States of America vs. ODEBRECHT, S.A., decidido por medio de un acuerdo reparatorio (plea agreement) (Ver: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919916/download) por el cual la empresa y su filial BRASQUEM  acordaron pagar el monto de US$ 3,600 millardos a beneficio de Brasil (80%), EEUU (10%) y Suiza (10%). El acuerdo es inapelable e irrenunciable. Debido a su eficaz cooperación ODEBRECHT obtuvo un 25% de la pena y BRASQUEM un 15%. La sentencia se publicará el 17 de abril de 2017.

El delito de soborno transnacional puede ser incoado en casos conocidos y notorios, el cual está sancionado con prisión de 6 a 12 años a quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercio o cualquier otra índole. Este delito tiene como antecedente fundamental a la Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) de Estados Unidos de América.

Las acciones judiciales no prescribirán cuando estén dirigidas a sancionar delitos contra el patrimonio público. La cooperación penal internacional permitirá en el corto plazo recuperar parte del latrocinio. ¿Será posible lograrlo? El libro COCO dice cómo hacerlo, solo falta la buena voluntad.