La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nula a la “Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia”, designada por la Asamblea Nacional y ratifico a los 34 magistrados designados por el anterior parlamento el pasado 23 de diciembre de 2015.
La Comisión había presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional, el pasado 14 de julio. un informe en el que recomienda al parlamento, dejar sin efecto el proceso de selección de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que culminó en diciembre de 2015, además de designar un Comité de Postulaciones Judiciales para seleccionar nuevos Magistrados.
La sentencia N° 614 del 19 de julio de 2016, con ponencia de su Presidenta Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, anuló el acto parlamentario, en el cual se aprobó el informe presentado por dicha Comisión, realizado en la sesión ordinaria del 14 de julio de 2016, y declaró que”cualquier Comisión, artificio o acción que tenga por objeto anular la designación de los Magistrados y Magistradas, es írrito, nulo de toda nulidad y carente de validez, ya que subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de Magistrados del TSJ”.
La Sala Constitucional señaló que el acto parlamentario dictado en la sesión del 23 de diciembre de 2015, en el que fueron designados y juramentados 34 Magistrados y Magistradas, conserva su total validez y que éstos permanecerán en sus cargos para el periodo constitucional correspondiente.
El fallo anuló la convocatoria y la sesión de la Asamblea Nacional del 14 de julio de 2016, junto a los actos producidos en ella, y ordenó a la Junta Directiva, a los diputados que “”acaten el orden dispuesto en la Constitución, cuya vigencia y eficacia, ante estos actos que constituyen evidentes desviaciones de poder y fraudes constitucionales, será protegida de manera irrestricta por el TSJ, en tutela del Pueblo venezolano y de los intereses de la Nación”.
Se ordenó remitir copia certificada de la sentencia a la Fiscal General de la República, en razón de la posible comisión de delitos contra los poderes nacionales y la Administración de Justicia, entre otros bienes jurídicos tutelados y otras formas de responsabilidad jurídica.
