Aunque la el número de militares ejerciendo funciones en el gobierno ha aumentado, el informe de la Asociación Civil Convite, titulado “Nepotismo y Militares en el Poder en Venezuela”, revela datos desde julio de 2014 hasta julio de 2015, tiempo en el cual unos 105 militares fueron nombrados en altos cargos del Gobierno de Venezuela, que en el mismo período también designó al menos a 32 personas para altas responsabilidades administrativas en el país. En la imagen, el Ministro de la Defensa. general Vladimir Padrino Lòpez, recientemente designado por el Presidente Nicolás Maduro para dirigir la “Gran Misión Abastecimiento Soberano” (AP Foto/Ariana Cubillos, Arch.ivo)
La información de PanamPost continúa asi:
De estos familiares “enchufados” (el término es familiar en toda América Latina y se ha convertido en un genérico para nombrar a los responsables del Gobierno en Venezuela) la más alta cifra la tiene, paradójicamente, quien debería ser el encargado de evitar que eso suceda, el Contralor General de la República Manuel Galindo.
Así se desprende del informe “Nepotismo y Militares en el Poder en Venezuela”, elaborado por la Asociación Civil Convite, formada desde 2006 por investigadores, docentes y activistas sociales, y con estrechas relaciones con la Iglesia Católica.
Aunque la data que evalúa el informe es de hace un año, hay que hacer notar que desde entonces la influencia de los militares no ha hecho más que aumentar; por poner solo un ejemplo, desde hace tres semanas, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, se ha convertido en el vicepresidente de facto del país, luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que “todos los ministerios y despachos le reportan directamente”; esto a pesar de que en diciembre el propio Maduro afirmara que había decidido “devolver a los militares a sus cuarteles”.
En relación con el nepotismo puede decirse lo mismo, al menos en el caso de Galindo. Un informe de comienzos de este mes, del portal Runrun.es, da cuenta de que el número de parientes del contralor que ocupan puestos en su despacho ha aumentado a 13.
Quizás por la acendrada práctica de corrupción que ha vivido Venezuela, el nepotismo no es directamente castigado por la Ley contra la Corrupción vigente desde 2014, y que había estado paralizada desde 2012, justamente por la negativa de los parlamentarios “chavistas” de agregar un artículo sobre este tema. Sin embargo, tratados internacionales suscritos por el país, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) sí promueven la transparencia y la eliminación de prácticas que promuevan los conflictos de intereses.
El que le pega a su familia…
Aparte del caso del contralor Galindo, el informe de Convite A.C. hace énfasis en los casos de la primera dama, Cilia Flores, y de Elías Jaua, exministro, exvicepresidente, hoy parlamentario y presidente de Corpomiranda, un organismo creado a su medida cuando fue derrotado en la candidatura para la gobernación de ese estado; por ejemplo, su esposa, Natacha González, fue presidenta de dos fundaciones (incluyendo una dependiente de Corpomiranda), y vicepresidenta de Pequiven, la empresa petroquímica estatal; eso sin contar su desastroso desempeño al frente de la Corporación Socialista de Cemento, ente formado con todas las empresas cementeras nacionalizadas, que fue previo al período señalado.
En relación con la primera dama, hay dos de sus familiares dentro de la Contraloría General de la República: Giuson Flores (hermano) y Numidia Flores (prima); el primero fue nombrado ni más ni menos que como subcontralor de la República; la segunda ocupó cuatro cargos en apenas 19 días. Además, su excuñado fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y otros dos funcionarios de ese organismo tienen relaciones familiares o personales con Cilia Flores.
Por supuesto, la muestra no evalúa a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los sobrinos de Cilia Flores actualmente en prisión preventiva en Estados Unidos, porque estos no tenían cargos públicos. Pero en sus declaraciones luego de ser detenidos por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína a ese país, señalaron que ser parientes de la alta funcionaria les servía para “entrar y salir libremente de todos los aeropuertos”, algo difícil de desmentir dados los sonados casos de narcotráfico que involucran a militares y altos funcionarios venezolanos.
Y aunque Diosdado Cabello ha perdido poder dentro del Gobierno, en ese período logró que su esposa, Marleny Contreras, fuera designada ministra de Turismo, y su primo Ramón Campos Cabello, superintendente Nacional de Bienes Públicos. Desde hace años, su hermano José David Cabello es superintendente tributario.
Verde, que te quiero verde
Mención aparte en el informe de Convite es cómo los militares (en abierta contravención a la Constitución venezolana, que establece la profesionalidad y no militancia partidista de las Fuerzas Armadas) han copado cargos claves en el país, en áreas igualmente claves como la seguridad ciudadana, la alimentación y las finanzas públicas.
La militarización de tales áreas solo puede calificarse de desastrosa, dado que Venezuela es hoy por hoy el segundo país más violento de América Latina, el que tiene la peor situación de alimentación de su población y el déficit fiscal, el endeudamiento y la inflación más altos de la región; pero eso no ha sido obstáculo para que el número de militares en altos cargos continúe en crecimiento.
Así, en el año que evalúa la ONG, los militares coparon el Ministerio de Interior, Justicia y Paz con 30 altos nombramientos; en el Ministerio de Alimentación fueron designados diez militares; en el de Industria y Comercio fueron designados otros ocho; y siete en altos cargos del Ministerio de Finanzas.
El informe culmina señalando que ambos fenómenos (nepotismo y militarización de altos cargos) aumentan las probabilidades de actos de corrupción; representan un ejercicio discrecional del poder en el sector público; coloca a personas poco apropiadas para cargos sensibles del Estado; se desvirtúa la neutralidad que deben tener las fuerzas armadas; y se crea un sistema clientelista.
Y por poner un solo ejemplo, los dos últimos ministros de Alimentación, ambos militares, están siendo investigados por la Asamblea Nacional, pero el Gobierno de Nicolás Maduro se opone con todo su poder institucional a ello.
Además, concluye Convite, el problema fundamental con estos fenómenos es que se potencian por la ausencia de un poder judicial independiente que los castigue, “a menos de que se trate de personajes opuestos al Gobierno”. “En el caso del militarismo, la sociedad debe tomar conciencia de los peligros que subyacen cuando el cuerpo castrense se aleja de sus funciones para dedicarse a dirigir espacios eminentemente civiles”.
