CCD | Miami ,- La familia Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA), adelanta dos litigios: uno ante el gobierno de Andorra con lo que aspiran obtener una indemnización no menor a los 375 millones de euros, y otra contra el gobierno de EEUU del cual desean escuchar una rectificación que les permita recuperar su reputación.
Ambas acciones derivan de la expropiación de que fueron objeto luego que el Departamento del Tesoro a través del FinCen declarara a BPA como “una seria amenaza de lavado de dinero para la comunidad internacional” y que en consecuencia el gobierno de Andorra expropiara la entidad, medida replicada por los gobiernos de España y Panamá contra sus sucursales en Madrid y Ciudad de Panamá donde se detectaron cuentas millonarias de funcionarios y contratistas del gobierno venezolano, ademas de fondos provenientes de supuestos jefes de las mafias rusa y china.
El caso BPA fue expuesto junto a otros , en el marco de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA), como ejemplo de las consecuencias que conlleva la aplicación por parte del gobierno estadounidense de la Sección 311 de la Ley Patriótica (Patriot Act) aprobada tras los atentados del 11-S. La misma cierra a los bancos señalados la posibilidad de operar con entidades corresponsales en EEUU, lo que en la práctica supone que no pueden llevar a cabo transacciones en dólares. Se le considera la condena de muerte de cualquier institución financiera internacional.
La primera sanción de acuerdo a la Sección 311 fue contra el Banco Delta Asia en 2005 y las mas recientes contra FBME Bank y Banca Privada de Andorra. Los tres bancos han entablado demandas contra el FinCen.
Los abogados de la familia Cierco que llevan el caso contra el Fincen manejan varios argumentos en defensa del banco: que la sanción se baso en casos antiguos, que auditorias posteriores a la intervención no develaron irregularidades y que los casos señalados por FinCen involucran a individuos y no a fallas del sistema.
Entre los casos “antiguos” figura el del jefe de la división antidrogas del CICPC comisario Norman Puerta enjuiciado en un tribunal venezolano por legitimación de capitales y los casos de casi dos docenas de otros funcionarios y contratistas venezolanos poseedores de cuentas con fondos millonarios que no pudieron justificar, entre los que figuran Diego Salazar Carreño, primo hermano del ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez, un hermano de este y varios ex viceministros del sector eléctrico, así como varios conocidos contratistas del gobierno chavista, entre otros. Todo indica que ninguno de ellos recibió de parte de BPA el tratamiento que les correspondía por tratarse de ex altos funcionarios y contratistas del sector energético es decir, PEPs (Personas políticamente expuestas) , lo que ameritaba una diligencia debida reforzada de sus cuentas.
Como dato curioso, Lewis, Baach, Kaufmann y Middlemiss, el bufete estadounidense que representa a los ex propietarios de BPA, también lleva la defensa de varios venezolanos ante tribunales de EEUU, entre los que destacan los socios de Derwick Associates, controversial contratista del colapsado sector eléctrico venezolano.
Lo cierto es que ninguno de los argumentos esgrimidos por los abogados sirvió para detener el proceso de liquidación del banco por parte de las autoridades de Andorra. BPA ya fue liberado de los fondos “contaminados” y en base a esa depuración Fincen levantó recientemente la sanción lo que permite al Ejecutivo andorrano seguir adelante con la creación de un nuevo banco con las cuentas saneadas que se denominara Vall Banc.
El Gobierno de Andorra considera los 12 meses que han transcurrido desde la denuncia del FinCen la mayor crisis para su imagen como plaza financiera. Su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, adelantó el pasado mes de febrero que comprende a los antiguos accionistas de BPA pero no tiene ninguna intención de paralizar el proceso.
Así mismo, los representantes del FinCen y otros organismo reguladores de EEUU presentes en la conferencia de la FIBA ratificaron su voluntad de seguir aplicando la Seccion 311 mientras siga vigente. Por su parte, los banqueros vislumbran mas demandas en el horizonte contra la constitucionalidad de dicha legislación. Hasta ahora, ninguna de ellas ha tenido éxito.
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