Nueva York | Las autoridades de Estados Unidos han decidido no presentar cargos criminales en contra de cualquier ejecutivo o empleado de Citigroup, por la venta de bonos tóxicos, respaldados por hipotecas, en el corazón de la crisis financiera de 2008, muestra un informe del gobierno estadounidense .
La decisión, que siguió a un acuerdo por 7 mil millones de dólares con el Citigroup en 2014 para resolver las demandas civiles federales y estatales relacionadas con los bonos hipotecarios, se describe en un informe del pasado noviembre obtenido por Reuters, en respuesta a una solicitud de Libertad de Información.
Su lanzamiento marcó el primer reconocimiento público de las autoridades estadounidenses sobre los ejecutivos de un banco importante, relacionado con la crisis financiera, que se enfrentarían a cargos criminales por su participación en la venta de miles de millones de dólares de bonos hipotecarios tóxicos.
El informe, elaborado por la Oficina del Inspector General, una de las agencias en la investigación contra el Citigroup, dijo tras la liquidación, que los fiscales revisaron la evidencia para ver si alguna de las personas podrían ser acusados y determinaron “que no había suficientes evidencias convincentes. “
La investigación se centró en las prácticas del banco, relacionadas con la venta y emisión de bonos hipotecarios entre 2006 y 2007.
El informe de dos páginas, que resume la investigación, no menciona a algunas de las personas que fueron investigadas, ni tampoco da detalles sobre las razones por las cuales no podían ser procesadas con éxito.
Patrick Rodenbush, un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, en un comunicado señaló que esta instancia en septiembre anunció una nueva política que “pone de relieve que es prioridad, en cualquier caso corporativo, responsabilizar individualmente a los delincuentes.”
Se negó a decir, sin embargo, si los individuos en cualquier otro banco investigado por prácticas relacionadas con bonos respaldados por hipotecas, permanecieron bajo investigación.
Una portavoz de Citigroup, Danielle Romero-Apsilos, se negó a hacer comentarios este viernes y la Oficina del Inspector General no respondió a una solicitud de información.
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La revisión de las evidencias en el caso de Citigroup, sobre potenciales casos contra individuo,s se llevó a cabo en la Oficina del Procurador de Estados Unidos en Colorado, una de las dos oficinas de abogados de Estados Unidos que participan en la investigación.
Según el informe, la solicitud se produjo a petición del Departamento de Justicia, que solicitó revisar todas las liquidaciones de bonos respaldadas por hipotecas, para determinar si los individuos podrían ser personalmente responsables.
Los acuerdos incluyen 13 de millones de dólares con JPMorgan Chase & Co (JPM.N) en 2013; $16.65 millones con el Bank of American Corp (BAC.N) en 2014. Más recientemente, las autoridades federales y estatales anunciaron $ 3,2 mil millones con Morgan Stanley (MS.N) el 25 de febrero, que cuando se ajustan con una serie de resoluciones resultaron en $ 5 mil millones en acuerdos con agencias gubernamentales.
Goldman Sachs Group Inc (GS.N) en enero anunció que había llegado a un principio de acuerdo para pagar más de $ 5 mil millones para resolver demandas federales y estatales.
El Departamento de Justicia ha enfrentado años de críticas por no procesar a los ejecutivos bancarios sobre la conducta que condujo a la crisis financiera, aunque consiguió miles de millones de dólares en acuerdos con los grandes bancos.
Los casos del gobierno salieron de un grupo de trabajo formado por el presidente Barack Obama en 2012 para investigar la mala conducta que contribuyó a la crisis financiera.
Obama dijo que estaba creando el grupo de “rendición de cuentas a los que violaron la ley” y “ayudar a pasar la página de una era de la imprudencia.”
En febrero de 2015, el entonces fiscal general, Eric Holder, dijo que había dado a los fiscales federales un plazo de 90 días para tratar de desarrollar casos contra individuos relacionados con los bonos hipotecarios e informar si podía tener éxito.
A pesar de ese empuje, tales casos no han surgido hasta la fecha.
En el caso de Citigroup, los $7 mil millones del acuerdo no liberan explícitamente los individuos del banco de cargos penales o civiles o al propio banco de un posible procesamiento penal. Las autoridades reunieron 25 millones de documentos relacionados con los bonos hipotecarios, obtuvieron correos electrónicos internos del banco y documentos, además entrevistaron a los empleados y directivos actuales y anteriores, según el informe del inspector general.
“La totalidad de las pruebas y testimonios obtenidos mostraron que Citigroup compró cartera titularizada a sabiendas y deliberadamente que se trataba de préstamos que no cumplieron con la representación y garantías o, en muchos casos eran préstamos fraudulentos “, dijo el informe.
Reuters. traducción CCD
