La infanta Cristina de Borbón será finalmente juzgada. La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado que la hermana del rey Felipe VI debe ser juzgada como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su marido. Esto significa que el juicio arranca ya el próximo 9 de febrero con el interrogatorio de los acusados y ella estará allí junto a su marido y el resto de acusados.
La infanta será interrogada y podría ser condenada por dos delitos fiscales a una pena de hasta ocho años de cárcel. De esta manera da la razón al sindicato Manos Limpias y da un duro varapalo a la Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y su propia defensa que mantuvieron que la acusación popular no tenía potestad para llevarla a juicio.
Esta decisión es recurrible ante el Tribunal Supremo pero una vez se haya celebrado el juicio y dictado sentencia. En ese caso, el alto tribunal deberá decidir si aplica su propia doctrina, a través de la cual queda determinado que una persona no puede ser juzgada por un delito cuyo perjudicado no se sienta afectado y no encuentre delito y si la Fiscalía, que defiende el interés general, tampoco lo hace. En este caso, Cristina de Borbón se habría enfrentado a un juicio en el que nunca debió estar sentada y quedaría el caso archivado para ella.
La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido que en el caso de la infanta no se debe aplicar la conocida ‘doctrina Botín’ y apoya por tanto la tesis del juez que instruyó el caso , José Castro, de que “Hacienda somos todos”. El tribunal ha analizado las dos posturas planteadas el pasado 11 de enero durante la sesión para las cuestiones previas. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y su defensa mantuvieron que los únicos delitos de los que se le acusa a la hija de Juan Carlos I son fiscales y en este caso hay un perjudicado claro, la Agencia Tributaria, defendida por la Abogacía del Estado. Ésta ha mantenido en todo momento que a la infanta no se le puede hacer penalmente responsable de los delitos fiscales cometidos por su marido, por declarar en el Impuesto de Sociedades unos ingresos que debían declararse como IRPF y por lo que recibió ventajas fiscales, defraudando de esta manera al fisco.
Castro Vs Horrach
Cristina de Borbón era socia al 50% de la sociedad Aizoon, a través de la cual Urdangarin declaró como Impuesto de Sociedades sus ingresos como asesor en varias compañías, entre ellas Telefónica. La Agencia Tributaria sostiene que el único responsable es el receptor de los ingresos, siendo indiferente si en la sociedad a través de la cual ha tributado tiene más socios. La persona cuyos ingresos ha defraudado es la única personas penalmente y tributariamente responsable. Además, en el caso de Aizoon, el administrador de la sociedad era Urdangarin y, por tanto, la infanta no tiene ninguna capacidad de gestión en ésta.
Bajo esta explicación, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía Anticorrupción mantuvieron desde el principio que la infanta no podía ser imputada, primero, y acusada, después. Sin embargo, el juez de Palma que llevó la instrucción del ‘caso Noos’, José Castro, tenía distinto criterio. Tal y como reflejó en su auto de apertura de juicio oral, donde incluyó a la hermana del actual monarca como acusada, “Hacienda somos todos” y, por tanto, la Agencia Tributaria no puede asumir el papel de único perjudicado porque, a su juicio, los perjudicados son todos los contribuyentes. Además, desde abril de 2013, que la imputó por primera vez, el magistrado mantuvo que ella debía ser obligatoriamente conocedora de los delitos que estaba cometiendo su marido y ayudó a su comisión.
Los pactos quedan perjudicados
Castro fue apoyado desde esa fecha hasta el juicio por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular en esta causa. Su insistencia en que Cristina de Borbón llegara a juicio, en contra del criterio de Fiscalía y Abogacía del Estado, provocaron que la relación entre el juez y el fiscal, Pedro Horrach, quienes juntos habían destapado toda la corrupción balear con la causa ‘Palma Arena’, desde la que sale el ‘caso Noos’, se viera minada.
La infanta tendrá que volver al banquillo de los acusados convirtiéndose en la primera persona que ha sido miembro de la Familia Real que afronta una acusación penal. Urdangarin tiene encima de la mesa desde hace tiempo la propuesta de pacto con la Fiscalía siempre y cuando devuelva el dinero público sustraído a través de la sociedad Aizoon, 6 millones de euros de manera solidaria con el resto de acusados, y asuma una pena de cárcel de al menos seis años, lo que conllevaría a su ingreso en un centro penitenciario.
Urdangarin había estado esperando a que el tribunal resolviese el futuro de su mujer para tomar una decisión. Su pacto siempre pasaba porque su esposa quedara fuera de cualquier acusación. Una vez que este requisito no se ha cumplido, es difícil que el ex duque de Palma quiere reconocer los hechos de los que se le acusan.El Español
