El dibujo de la corte dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente a ellos, un juez estadounidense, trajeado con su toga, leía los cargos que les imputaba el país norteamericano. “Conspiración para llevar cocaína a los Estados Unidos” dictaba su señoría en aquella primera audiencia a la que se sometían Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, luego de que funcionarios de la Drug Enforcement Administration (DEA) los detuvieran, presuntamente, en un aeropuerto de Haití.
Así comienza el reportaje de Runrunes escrito por Lorena Meléndez, quien aborda cómo funcionarios, militares, militar y a los cuerpos de seguridad del Estado se han involucrado en el considerado problema global del tráfico de drogas, a partir de la detención de los sobrinos de Cilia Flores, esposa del Presidente de Nicoás Maduro.
Así continua el reportaje
El arresto de los sobrinos marcó un hito en la historia de Venezuela. Por primera vez, familiares del Presidente se veían envueltos en un caso de narcotráfico que era, además, llevado por la justicia internacional. La segunda audiencia aún no se ha llevado a cabo.
Lo sucedido se suma a una serie de hechos, registrados en los últimos diez años, que muestran cómo figuras pertenecientes a los poderes públicos, al ala militar y a los cuerpos de seguridad del Estado se han involucrado de una u otra manera en el flagelo del tráfico de drogas. Un repaso a estos eventos lleva a preguntar si a Venezuela le cabe ya el epíteto de “narcoestado”.
El parecido
La palabra narcoestado no aparece en los diccionarios de lengua española. Su definición es, en realidad, una concepción difusa. Sin embargo, ha sido este el término con el que se ha “calificado” informalmente a los países en donde el tráfico de drogas se ha infiltrado dentro de las estructuras de gobierno y demás instituciones públicas, como ocurrió en Colombia en la década de los ochenta, cuando el poder de Pablo Escobar alcanzó a Medellín y al Congreso colombiano; como sucede actualmente en México, donde militares, legisladores y gobernadores se han visto vinculados a los cárteles que operan en la nación; o como pasa hoy día en Guinea Bissau, el país africano que no ha podido frenar el tráfico de drogas por carecer de un entramado institucional que lo permita. A Venezuela también se le ha señalado varias veces con este vocablo.
De acuerdo con el informe 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), una de las características del narcoestado que impera en Guinea Bissau, a donde por cierto arriban aeronaves cargadas de droga desde Venezuela, es la nulidad de sus esfuerzos por evitar el narcotráfico. Se trata de una administración que ignora la magnitud del problema y luce fácilmente abatible por el poder que pueden acumular los narcos o sus colaboradores.
Bajo esta luz, Venezuela podría considerarse un prospecto de narcoestado. La eliminación en agosto de 2005 del acuerdo con la DEA para frenar esta actividad -luego de que el presidente Hugo Chávez afirmara que los agentes de la organización que estaban en el país pretendían espiarlo- puso en entredicho la lucha de la nación contra el tráfico de estupefacientes.
Cinco años después, en 2010, la Casa Blanca reveló un dato que golpeó todavía más la reputación de Venezuela en esta área. Un informe de ese año indicó que entre 19% y 24% de la cocaína que se distribuía en el mundo pasaba por el territorio nacional. En Suramérica, el país sólo fue superado por Colombia, que es el gran productor de esta droga.
El paso de los años no ha hecho más que acrecentar las dudas sobre Venezuela y su posición frente al flagelo. La consolidación e incremento de rutas aéreas que parten desde el país para transportar drogas hacia Centroamérica, el Caribe y África, hace pensar que el número de incautaciones, así como la eliminación de pistas clandestinas o la captura de miembros o cabecillas de importantes carteles internacionales -todos presentados como logros en los informes anuales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)- son insuficientes al momento de mostrar cifras irrefutables sobre el combate al narcotráfico.
El más reciente Informe Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que Venezuela es uno de los países con mayor de tráfico de droga debido a su “porosa frontera oeste con Colombia, su débil poder judicial, su esporádica cooperación internacional en la lucha contra en narcotráfico y su ambiente permisivo y corrupto”.
El documento también critica los escasos esfuerzos que ha hecho el gobierno para depurar y castigar a quienes se involucran en esta actividad. “El gobierno venezolano volvió a fallar al no tomar medidas contra funcionarios de su gobierno y militares de su país que sabe que están vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ) y otras organizaciones de tráfico de drogas”,dice el documento.
Hay otras consideraciones sobre el narcoestado. La Unodc apunta, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus funcionarios en Perú, que este término se aplica también a aquel territorio con instituciones débiles que promueven la impunidad y que, de paso, se compromete con el narcotráfico.
Esta característica también podría atribuírsele a Venezuela si se toma en cuenta que varios uniformados del país han sido incluidos en la “Lista Clinton”, nombre que se le da al documento que agrupa a empresas y personas vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo, elaborada y publicada por la Oficina de Control deBienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar y actual candidato a la Asamblea Nacional en Monagas; Henry Rangel Silva, exdirector de la DISIP y ahora gobernador de Trujillo; y Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores y Justicia y actual gobernador de Guárico, destacan entre los mencionados.
Pero además de los miembros de esta lista negra, están aquellos que se han visto salpicados por sus lazos con Walid Makled, alias “El Turco”, el narcotraficante que operaba desde Puerto Cabello. Los nombres de Luis Felipe Acosta Carlez, quien fue gobernador de Carabobo cuando surgieron las denuncias contra “El Turco”, del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, el del actual gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y de varios jefes militares quedaron involucrados en sus negocios luego de que fuesen mencionados en varias entrevistas y declaraciones ante tribunales.
Este año se conoció, a través de medios internacionales, que El Aissami y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, eran investigados en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas. Leamsy Salazar, antiguo escolta de Chávez y Cabello, denunció al gobernador y al parlamentario luego de haberse convertido en un testigo protegido de la DEA.
¿Narcoestado, narcorégimen o Estado delincuente?
A pesar de la cantidad de nombres de funcionarios públicos envueltos en casos de narcotráfico, los expertos en el área descartan que Venezuela pueda ser definida como un narcoestado. Para ellos, el problema da pie a otras concepciones sobre lo que ocurre en el país.
“Hablar de un narcoestado para caracterizar lo que está pasando en Venezuela puede ser un error. Hay un problema de Estado fallido porque no se satisfacen las necesidades mínimas de la población. Hay un Estado forajido porque no se cumplen las leyes ni los tratados internacionales, y el Poder Judicial se ha convertido en una maquinaria de corrupción. Todos los fiscales facilitan la impunidad de la delincuencia organizada en Venezuela, todas forman parte de ese entramado corrupto. El Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente”, señala Carlos Tablante, exparlamentario, exgobernador de Aragua y exministro antidrogas.
Para Tablante, el tráfico de drogas se ha visto fortalecido por estar enlazado con la corrupción, la cual se ha insertado en todas las instituciones para proteger a los verdaderos delincuentes. “Hay una estructura delictiva tan fuerte que el tema de las drogas quedó con unos operadores que se fueron moviendo en el entramado del Estado (…) El dinero de la corrupción se ha mezclado con el de la droga, en el Estado delincuente todo termina en una gran licuadora”, asegura.
A esta apreciación se suma la del sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno. “No tenemos un estado criminal, tenemos el crimen que se ha convertido en un Estado”, comentó en un reportaje publicado por el Financial Times.
La exjuex y expresidenta del Consejo Nacional contra el Consumo y Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, tampoco tilda a Venezuela de ser un narcoestado. Prefiere añadirle el adjetivo de narcorégimen.
En una entrevista publicada el año pasado, Camero afirmaba que en el narcorégimen son “los funcionarios públicos los que utilizan las instituciones del Estado para hacer negocios en materia de drogas”, mientras que en el narcoestado, el “Estado vive para la droga y su vida política y social” depende de esta actividad. Colombia y México, a pesar de los señalamientos, aún no han sido considerados como tal por las autoridades.
“Si se llega a determinar que el gobierno venezolano ha pactado con las FARC para obtener ganancias del negocio de la droga sería lo más grave y bajo que ha pasado en el país”, comentó en aquella entrevista.
